¿De parte de quién?

– La crisis universitaria

– Autonomía… o extraterritorialidad

– Bien por los periodistas de Colima

LA crisis violenta de la semana pasada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de recordar el sangriento episodio de 1968, hace 50 años, necesariamente lleva a la lógica pregunta acerca de a quién beneficia y a quién perjudica ese conflicto. El estallido social que involucró a estudiantes universitarios y un grupo de golpeadores conocidos como “porros”, en la explanada de esa casa de estudios superiores, también asocia y obliga a identificar a quien o quienes movilizaron al grupo de choque.

Por lo pronto y con el propósito de no alimentar suspicacias, sostuvieron una reunión de trabajo el rector ENRIQUE GRAUE y el presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. La negativa de GRAUE para facilitar el ingreso a nuevos estudiantes, a propuesta de LÓPEZ OBRADOR, es etiquetada como el probable detonante. Sin embargo, todo hace indicar que la reunión de ambos y los acuerdos pactados no coinciden con aquella corriente de opinión.

Para el exrector de la UNAM JUAN RAMÓN DE LA FUENTE resulta extraño que el conflicto estudiantil estallara justamente cuando en México no existe crisis económica o política y, además, cuando se vive una transición de terciopelo del poder gubernamental. En su opinión, se trata de crearle un serio problema al nuevo gobierno, o bien que salga en medio de esa crisis el que se va.

Independientemente de a quién beneficie o a quién perjudique el conflicto universitario en la Alma Mater azteca, lo cierto es que la UNAM representa un coto de poder y un rico filón para el crimen organizado. El grave problema se ha acentuado en los últimos lustros, sin que la autoridad universitaria haya logrado erradicar o al menos frenar el narcomenudeo en el campus.

Por otra parte, la autonomía universitaria impide que la autoridad judicial ejerza acciones de investigación o disuasión. La “extraterritorialidad” sería un término aplicable a lo que sucede en la máxima casa de estudios en el país. Ni hablar.

DESDE EL BALCÓN:

En el noreste del país agradó al gremio periodístico que los colegas del estado de Colima, liderados por JUAN RAMÓN NEGRETE, secretario de Asuntos Internos y Afiliación de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), lograran que el Congreso Local despenalizara los delitos de difamación y calumnia. El importante tema forma parte de la agenda legislativa de la FAPERMEX impulsada por el presidente Honorario Vitalicio don TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE y la actual presidenta, COLILA EGUÍA TONELLA.

En Tamaulipas, por cierto, la cruzada para eliminar del Código Penal los también llamados “delitos contra el honor” dio inicio en 2004, durante el sexenio de TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA. Ese año se despenalizaron los delitos de difamación y calumnia.

En el siguiente período constitucional que encabezó en el Ejecutivo EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, se derogó el delito de injuria, en 2008.

EGIDIO TORRE CANTÚ hizo caso omiso para eliminar el último delito “contra el honor”, que amagaba con cárcel a los periodistas cuerudos: el ultraje.

En los vientos del cambio y la alternancia política que trajo consigo el primer gobernador panista, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se logró el justo reclamo del gremio periodístico tamaulipeco y, el año pasado, se derogó ese delito del Código Penal de Tamaulipas.

Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas llevó la iniciativa y no quitó el dedo del renglón en ese tema que forma parte de la agenda legislativa de la FAPERMEX.

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx